Ascensor en la comunidad de vecinos: mayoría, obligatoriedad y quién paga

«La realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación» (art. 17.2).

Si el acuerdo se adopta válidamente, la comunidad queda obligada al pago de los gastos aunque su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes (art. 17.2).

Son obligatorias, sin acuerdo previo de la Junta, las obras de accesibilidad «requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años», incluida la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos, «siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes» (art. 10.1.b). El exceso lo asumen quienes las hayan requerido sin que pierda el carácter obligatorio.

Hasta el 22 de octubre de 2026 la obra también es obligatoria cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda acceder alcancen el 75 % de su importe (art. 10.1.b, texto vigente).

Desde el 23 de octubre de 2026 (Ley 4/2026, de 1 de octubre) el art. 10.1.b cambia. Si la comunidad pide financiación, el período de repercusión será de tantos años como las opciones de financiación disponibles permitan. El interesado puede aportar información sobre ayudas y la comunidad queda obligada a solicitarlas. Cuando las ayudas concedidas alcancen el 70 % del importe, la ejecución es obligatoria sin los límites económicos. Si la comunidad no ejecuta, el interesado puede acudir a la autoridad judicial.

• El fondo de reserva sirve también para las obras de accesibilidad de los arts. 10.1.b y 17.2 (art. 9.1.f).
• En las obras obligatorias, el acuerdo de la Junta se limita a distribuir la derrama y a fijar los términos de abono (art. 10.2.a).
• Desde el 23 de octubre de 2026 la ley dispone que las Administraciones habilitarán créditos para ayudas a la accesibilidad en edificios de viviendas (disposición adicional tercera).

Las convocatorias cambian cada año y se abren y cierran por programa. En nuestras páginas de comunidades de vecinos por provincia enlazamos, con su fuente oficial y la fecha de consulta, las ayudas y el trámite de licencia de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza.