El grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos: datos personales y votaciones

Sí. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la normativa se aplica a las comunidades de propietarios «en la medida que realicen un tratamiento de datos de carácter personal de personas físicas».

La guía de la AEPD «Protección de datos y administración de fincas» (publicada como documento en revisión) responde que, si el propietario ha facilitado su teléfono, se puede usar para comunicarse en el marco de la gestión de la comunidad sin necesidad de consentimiento. «Ahora bien, no se puede utilizar para incluir al propietario en un grupo sin su consentimiento expreso, informado y explícito».

En el procedimiento PS-00365-2023, el presidente de una comunidad compartió en el grupo de WhatsApp un recibo bancario de un vecino con su nombre, apellidos, número de cuenta y dirección. La AEPD propuso multas de 1.500 € y 500 €, y el procedimiento terminó con el pago voluntario reducido de 1.600 €. En otro caso (AI-00336-2023), la AEPD archivó la reclamación por una nota simple compartida en un grupo en el que solo había propietarios, al considerar que no se había excedido el ámbito de la comunidad.

Sobre los morosos, la AEPD recomienda notificar a cada propietario de forma individual, «evitándose cualquier medio que pueda suponer el acceso por terceros», y admite exponer la lista en el tablón de anuncios de la comunidad cuando se pueda acreditar que la notificación al propietario no ha sido posible.

La Ley de Propiedad Horizontal regula los acuerdos como decisiones de la Junta de propietarios. La convocatoria indica «los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará» (art. 16.2), la asistencia es personal o por representación (art. 15.1), y los acuerdos se reflejan en el libro de actas (art. 19.1), cuya acta recoge la fecha y el lugar de celebración (art. 19.2). Ningún artículo de la ley reconoce una encuesta en un grupo de WhatsApp como acuerdo de la Junta.

La única regulación estatal de juntas por videoconferencia fue temporal: el Real Decreto-ley 8/2021 las permitió, con condiciones, hasta el 31 de diciembre de 2021. El texto vigente del art. 16 de la ley no menciona juntas telemáticas.