Normas de uso de las zonas comunes en una comunidad de vecinos

Cada propietario es copropietario, con los demás, de los elementos y servicios comunes (art. 3.b de la Ley de Propiedad Horizontal). Entre sus obligaciones está «respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes […] haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos» (art. 9.1.a).

Los estatutos pueden incluir disposiciones sobre el uso o destino del edificio, sus instalaciones y servicios (art. 5). Aprobar o modificar sus reglas, en los acuerdos no regulados expresamente en el art. 17, requiere unanimidad (art. 17.6).

Las normas de régimen interior sirven «para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes», dentro de los límites de la ley y los estatutos, y obligan a todo titular «mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración» (art. 6). Aprobarlas corresponde a la Junta de propietarios (art. 14.d).

No se permiten en el piso ni en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que dañen la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas (art. 7.2). El presidente, por iniciativa propia o de cualquier propietario u ocupante, requiere su cesación inmediata; si el infractor persiste, puede entablar la acción de cesación previa autorización de la Junta (art. 7.2).

Un acuerdo de la Junta puede impugnarse si es contrario a la ley o a los estatutos, gravemente lesivo para la comunidad en beneficio de algunos propietarios, o supone un grave perjuicio para un propietario (art. 18.1). La acción caduca a los tres meses, o al año si el acuerdo es contrario a la ley o a los estatutos (art. 18.3).

El Real Decreto 742/2013 clasifica las piscinas de comunidades de propietarios como piscinas de uso privado de tipo 3A (art. 2.3). Deben cumplir, como mínimo, sus artículos sobre características de la piscina, tratamiento del agua, productos químicos, calidad del agua y del aire, situaciones de incidencia y parte de la información al público (art. 3.2). La autoridad competente, autonómica o local, puede exigir el resto del real decreto (arts. 2.11 y 3.2).

Esa información al público obliga a tener en un lugar accesible y visible, entre otras cosas, «las normas de utilización de la piscina y derechos y deberes para los usuarios de la misma», si hay o no socorrista con los teléfonos de emergencias y centros sanitarios cercanos, y las sustancias químicas usadas en el tratamiento (art. 14.d, e y f).